Represalias de la empresa y derecho a la indemnidad

Represalias de la empresa y derecho a la indemnidad
El derecho a la indemnidad protege al trabajador frente a lesiones producidas como consecuencia de represalias empresariales por el ejercicio de derechos

El artículo 24.1 de la Constitución Española contiene el derecho a la tutela judicial efectiva y, con este propósito, establece que todas las personas poseen el derecho a la obtención de la tutela judicial de tribunales y jueces en el ejercicio de intereses y derechos legítimos, prohibiendo, a su vez, la indefensión.

Este apartado primero del artículo veinticuatro de la Constitución es, precisamente, la raíz a partir de la cual se desarrolla el derecho a la indemnidad, tanto con carácter general como en cuanto a las relaciones laborales.

El contenido del derecho o la garantía de indemnidad en el ámbito general se perfila como la constatación de que, en el ejercicio de cualquier tipo de acción procesal o judicial -incluidos también los actos previos o preparatorios-, no puede derivarse consecuencia negativa alguna en las relaciones, privadas o públicas, para el actor o el impulsor de la acción.

Por otro lado, la vertiente laboral del derecho o la garantía de indemnidad, conformada en gran medida por la vía jurisprudencial, consiste en que, además de por las posibles irregularidades producidas en el proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva también se puede ver violentado. Esto ocurre cuando su ejercicio, o la ejecución de actor previos o preparatorios necesarios para la consecución de la acción judicial, produzca o conlleve represalias por parte de la empresa o, en su caso, consecuencias negativas en su patrimonio de derechos.

En definitiva, se trata de la imposibilidad de imponer, por parte de la empresa, cualquier tipo de medida de represalias derivadas del ejercicio de los derechos del trabajador, considerándose nula toda actuación en este sentido que le cause algún tipo de perjuicio y se haya fundamentado en la tutela de los mencionados derechos.

Una vez definido el concepto de derecho a la indemnidad ¿qué preceptos entran en juego?

Además del apartado primero del artículo 24 de la Constitución Española, acabado de mentar y que supone la consagración como derecho fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva. Parece obligado hacer referencia al artículo 5 del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1982 y ratificado por España. Así como al artículo 4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, encargado de regular el Estatuto de los Trabajadores.

El artículo 5 del Convenio establece una relación de motivos que en ningún caso constituirán causa justificada para la terminación de la relación del trabajo: la afiliación o participación en las actividades de un sindicato; la presentación de la candidatura para representante de los trabajadores o la actuación como tal; presentar quejas o participar en procedimientos sobre violaciones legales o reglamentarias contra el empleador, o recurrir a autoridades administrativas; la discriminación por cualquier motivo; y la ausencia al trabajo como consecuencia de la maternidad. La tercera de las causas es la que interesa al derecho a la indemnidad y, en sentido práctico, lo materializa.

Por su parte, el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores contiene los derechos de los trabajadores y los deberes del empresario. Se estructura en dos apartados, dividiendo dichos derechos en función de si se trata de derechos básicos o de derechos relacionados con el puesto de trabajo.

El apartado segundo es el que enumera estos últimos y son: la ocupación efectiva; la promoción y formación profesional; la remuneración; la prohibición de la discriminación de cualquier tipo, directa o indirecta; el derecho a la integridad física y a la aplicación de las adecuadas normas de prevención de riesgos laborales; el respeto a los derechos a la dignidad y a la intimidad y la protección frente al acoso; el derecho a ejercer cualquier acción derivada del contrato de trabajo; y cualquier otro derecho que se derive del contrato.

Por tanto, se contempla como derecho del trabajador y, consecuentemente, deber del empresario el respeto a la posibilidad de ejercitar cualquier tipo de acción derivada del contrato y, en esta línea, la garantía de indemnizada se encarga de blindar este derecho.

Acercamiento al contenido y a los límites del derecho a la indemnidad

Tal y como se ha establecido, el derecho a la indemnidad protege al trabajador de cualquier represalia empresarial que se tome como consecuencia de cualquier tipo de acción de carácter judicial que el trabajador realice en defensa de sus derechos. Si bien el contenido básico del derecho a la indemnidad se define en estos términos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha extendido ostensiblemente la cobertura de este derecho.

Efectivamente, para el Tribunal Constitucional, en sentencias como la número 225/2001, la 66/2002 o la 80/2005, la garantía de indemnidad en las relaciones laborales protege no solo de las represalias con el objetivo, ánimo o motivación clara y manifiesta de reaccionar frente al derecho a la tutela judicial efectiva. Sino que, asimismo, opera cuando, sin existir ese propósito concreto, concurra un perjuicio tanto objetiva como causalmente vinculado al mismo.

Por tanto, el elemento intencional de la conducta resulta indiferente o irrelevante, siempre que se constate la existencia de un nexo causal adecuado entre el comportamiento contrario al ordenamiento jurídico y el resultado prohibido por el mismo. O, en otras palabras, el artículo 24.1 de la Constitución puede ser vulnerado tanto por una lesión objetiva y constatable. Es decir, el perjuicio causado directamente por las represalias empresariales ante el ejercicio de alguna acción judicial, como por cualquier tipo de perjuicio derivado y causalmente conectado, aunque no se incurra en intencionalidad.

En cuanto a los límites, ha sido también el Tribunal Constitucional, a partir de la sentencia número 183/2015, quien ha fijado determinadas fronteras a la hora de apreciar y valorar las pruebas indiciarias en los supuestos en los que la garantía de indemnidad se lesiona aduciendo causas económicas.

En este sentido, antes de entrar en los límites concretos, se debe matizar que en los procesos judiciales que tiene por objeto el derecho a la indemnidad, una vez presentada por el demandante indicios suficientes que permitan fundamentar la demanda, se produce la inversión de la carga de la prueba. Por lo que la empresa deberá probar que las reclamaciones del trabajador no se ajustan a derecho. Estos indicios han de permitir que se deduzca que la vulneración de la Constitución se ha producido, que genere una sospecha razonable o una presunción a su favor. El principio de prueba, por tanto, ha de recaer sobre la verosimilitud de la discriminación producida.

En lo que atañe a los límites marcados por máximo intérprete del texto constitucional, tal y como se ha establecido, corresponde al demandado la carga de la prueba acerca de la legitimidad de los hechos que motivaron la decisión vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva. En la vertiente de la garantía de indemnidad, o bien la prueba de que el hecho motivador se presenta como ajeno a todo móvil atentatorio -sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo del 2013-. A este respecto, los criterios fijados por el Tribunal Constitucional son los siguientes:

  1. La invocación genérica de facultades legales y convencionales no neutraliza el panorama indiciario.
  2. Tampoco constituye argumento suficiente una explicación genérica de la empresa, sino que debe certificar en cada caso concreto que el acto específico se halla desconectado del derecho vulnerado.
  3. Lo fundamental es que el demandante convenza al órgano jurisdiccional de que las razones que aduce para justificar la decisión que haya adoptado se encuentran totalmente desligadas y son absolutamente ajenas al factor protegido.
  4. Una vez acreditada la desconexión, no resulta relevante la calificación jurídica que la causa laboral objeto de enjuiciamiento merezca en el ámbito de la legalidad ordinaria.

Aplicación del derecho a la indemnidad: sujetos frente los que produce efectos

En lo referido a los sujetos frente a los que se puede invocar el derecho a la indemnidad, parece necesario traer a colación la sentencia 5214/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Que realiza un elaborado análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para concluir que, si bien en un principio la garantía de indemnidad se fundó en la demanda individual del trabajador frente al empresario. Con el paso de los años, la jurisprudencia ha ido dejando obsoleta esta concepción para incluir dentro del derecho de indemnidad la reclamación del trabajador frente a la Inspección de trabajo. Así como las reclamaciones de carácter colectivo en materia de conflictos colectivos.

En resumen, tal y como se ha expuesto en párrafos anteriores, el derecho a la indemnidad derivado del derecho a la tutela judicial efectiva se constituye como uno de los pilares básicos sobre los que se erige el sistema de garantías y de protección del trabajador. Que siempre ha sido el eslabón más débil en el contexto de la relación laboral.

En consecuencia, toda acción que tome la forma de represalias por parte de la entidad empresaria, se torna nula de pleno derecho en el instante en el que traspasa la línea marcada por el artículo 24.1 de la Constitución y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Línea que se ha expandido hasta tal punto que abarca la inversión de la carga de la prueba, en manos del empresario en los procedimientos judiciales sobre la materia.

La página web www.cerembs.co utiliza cookies para mejorar los servicios ofrecidos. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso e instalación. Para más información haga click aquí.

Subir