Nueva reglamentación para EPIs

Nueva reglamentación para EPIs
Los EPI están regulados por normativa comunitaria y estatal, lo que garantiza criterios mínimos de seguridad. En 2018 entrará en vigor el nuevo Reglamento

Los equipos de protección individual en el entorno de trabajo

El entorno de trabajo debe ser seguro y el ejercicio de la actividad laboral no debe ser perjudicial para el trabajador. Esta exigencia obvia es, en realidad, la conclusión de décadas de concienciación y de largo desarrollo de las disciplinas de seguridad, prevención de riesgos e higiene industrial. No siempre fue considerado un elemento básico e imprescindible del proceso productivo.

Este entorno seguro se consigue aplicando medidas de contención y prevención de riesgos. Pero cuando todas las demás facetas de la actividad ya han sido cubiertas, el empresario y el trabajador deben incorporar la última barrera defensiva, aquella que protege a este de los peligros y vicisitudes de su puesto. Esta barrera se construye con los Equipos de Protección Individual o EPI.

Los equipos de protección individual son elementos que el trabajador porta para protegerse a sí mismo: cascos, gafas de seguridad, arneses, guantes, botas, batas, etc. Es difícil exagerar la esencialidad de los EPI. Aun cuando todavía, en algunos contextos, se pueden encontrar personas que desprecian temerariamente su uso (normalmente, apelando a la incomodidad o al calor), en otros se tiene perfectamente asumida su necesidad y pocos los rechazarían (es el caso de los EPI en laboratorios sanitarios, químicos o biológicos).

Un EPI adecuado, correctamente seleccionado y bien utilizado puede marcar la diferencia más absoluta entre la vida y la muerte. No es una mención gratuita. Los accidentes laborales graves y mortales ocurren, y los EPI pueden prevenirlos o reducir su gravedad. Pero su uso no puede dejarse al libre albedrío de empresarios y trabajadores: La ley debe hacerse cargo de su existencia y de la regulación de su uso.

La necesidad de una legislación reguladora de los EPI

El marco normativo afecta a la siniestralidad

En el año 2016 (periodo febrero 2016-enero 2017), se produjeron en España unos 480.000 accidentes laborales en una población afiliada de 14.575.000 personas. De estos, 3.500 fueron accidentes graves, y murieron 469 trabajadores. Las cifras, que son similares a las de los años 2013-2015, indican un estancamiento de la incidencia de la siniestralidad laboral. Sin embargo, esa regularidad se enmarca en un contexto de ligero ascenso, que pone en evidencia la necesidad de un cambio de modelo o un mayor esfuerzo para revertir la tendencia.

Si se analiza la evolución de la siniestralidad en España desde la implantación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se encuentra que el periodo que transcurre desde el año 2013 hasta la actualidad contrasta con una tendencia positiva, en la que la siniestralidad había ído a mínimos históricos. La incidencia de la mencionada ley, a pesar del aumento del 25 % de la siniestralidad de sus primeros años (que llegó al punto de unos 8.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores), se empezó a notar efectivamente a partir del año 2001. Desde esa fecha y hasta el año 2012 (con unos 3.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores), la ída fue continuada y notable.

En estas cifras deben tenerse en cuenta la influencia de herramientas técnicas de control (por ejemplo, la instauración de las inspecciones de trabajo), así como el efecto de la crisis económica. Así, con su llegada en el año 2008, se inicia una bajada de la siniestralidad en los sectores más afectados, con el de la construcción en cabeza.

Esta trayectoria de la siniestralidad, conforme a la evolución de los factores de control y la situación político-económica en la que se enmarca, evidencian la importancia que tiene la aplicación de herramientas de prevención por parte de las instituciones. Los accidentes ocurren y el factor azar no está fuera de la ecuación. Pero es posible reducir tanto su incidencia como su gravedad. Para hacerlo, son imprescindibles la participación de las Administraciones, que imponen el marco y las normas conforme a las que el trabajo debe y puede realizarse; la aquiescencia y colaboración del empresario, que debe facilitar y garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención; y la aceptación del trabajador, que debe comprender la importancia de la seguridad y de tomar medidas para salvaguardarse a sí mismo. Un problema de extrema gravedad, que requiere una participación plural.

En este sentido, no es posible restar importancia a la implantación de los equipos de protección individual (EPI), cuya incorporación al entorno laboral está normativizada debido a su relevancia para la seguridad y salud de los trabajadores.

La Directiva 89/686/CEE

El importante objetivo de los EPI justifica sobradamente una regulación formal de su implantación y de sus características. Esto último es especialmente interesante, ya que supone asumir que los factores susceptibles de provocar accidentes laborales se pueden clasificar, estandarizar y calibrar, y por lo tanto es posible clasificar, estandarizar y calibrar las medidas protectoras necesarias para combatirlos.

Con la regularización del uso y la fabricación de los EPI, es posible asegurar una protección básica, apropiada para cualquier sector en el que la actividad laboral sea peligrosa, y que impide un «baile» de útiles de protección en el que se dé a elegir la opción menos conveniente. Es decir, no se trata de ponerse un casco, y por lo tanto que cualquier casco valga. Se trata de que cierta actividad requiere cierto tipo de casco, y no otro de calidad inferior, que debe fabricarse con los requisitos legalmente establecidos para su certificación en Europa.

En este sentido, la Directiva 89/686/CEE, en vigor desde 1991, es la que ha ejercido el papel normalizador de los EPI que se pueden comercializar en Europa. Establece las pautas de diseño, fabricación y control que los fabricantes de EPI deben cumplir para poner en el mercado su producto. Esto garantiza unos valores de resistencia y calidad que suponen los mínimos aceptables de seguridad.

El Real Decreto 1407/1992, del 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, es la ley encargada en hacer efectiva en España la Directiva 89/686/CEE.

La Directiva 89/656/CEE

La regulación de la fabricación y comercialización de los EPI no puede sino estar acompañada por una regulación sobre su uso. La Directiva 89/656/CEE trabaja en conjunto con la Directiva 89/686/CEE, habilitando las obligaciones de empresarios y trabajadores en la incorporación y utilización de los EPI en el entorno de trabajo. Esta directiva, traspuesta en España por el Real Decreto 773/1997, del 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de protección individual, también regula el sistema de selección que el empresario debe utilizar para la determinación de los EPI adecuados a las actividades de su compañía.

Al respecto de las obligaciones del empresario, la ley establece que es su responsabilidad disponer de los EPI en el centro de trabajo, en perfecto estado de utilización, para que los trabajadores puedan utilizarlos como corresponde y gratuitamente. Además, el empresario es responsable de velar por su utilización. El trabajador, por su parte, está obligado a usar los EPI que le correspondan, así como avisar cuando encuentre deterioro en alguno de ellos.

El Reglamento (UE) 2016/425, la novedad

La Directiva 89/686/CEE tiene casi tres décadas. Y en el tiempo que ha pasado desde su entrada en vigor, las circunstancias del entorno de trabajo y las necesidades de los trabajadores respecto a la seguridad han cambiado ligeramente. El Reglamento (UE) 2016/425 viene a sustituir esta directiva, y lo hace con la introducción de ciertas novedades que serán efectivas a partir del 2018, cuando entre en vigor.

Las principales novedades que trae este reglamento son:

  • Se amplía la capacidad de aplicar a productos de utilización privada que protegen contra el agua, el calor y la humedad.
  • Serán EPI de categoría de riesgo III los que protejan de agentes biológicos nocivos, corte por sierras con cadena, ahogamiento, chorros de alta presión, heridas de bala y ruidos nocivos.
  • Se definen las responsabilidades de fabricantes (deberán evaluar sus EPI) y distribuidores (deberán asegurarse de que los EPI cumplen la normativa).
  • La entrega de cada EPI se acompañará de una declaración de conformidad, o será descargable desde Internet.
  • El EPI deberá estar identificado con un número de tipo, lote o serie, para reforzar la trazabilidad.
  • Se incorporarán mecanismos de actuación para cuando se encuentre en el mercado un EPI que incumpla de alguna manera las exigencias de documentación de la normativa.
  • La validez máxima de los certificados UE de Tipo será de 5 años. Se define un procedimiento para la revisión de los mismos en los casos en los que el equipo no haya cambiado.

Objetivo: máxima seguridad laboral

El desarrollo de nueva legislación relativa a la protección de los trabajadores no se detendrá con el Reglamento (UE) 2016/425. Este es un sector en constante evolución, en el que se busca incorporar la máxima eficacia en la salvaguarda de la salud, así como en los procedimientos y trámites. El objetivo es conseguir las mejores condiciones de trabajo y la máxima seguridad, de modo que nadie arriesgue su salud y su vida por ejercer su actividad profesional.

Los EPI evolucionarán como la reglamentación que los incorpora, porque continuamente surgen nuevos materiales y técnicas que permiten la fabricación de mejores equipos de protección individual. Pero también porque aparecen nuevos productos y actividades que suponen un riesgo no contemplado en el pasado, y que deberán observarse desde el prisma de la seguridad laboral.

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Comentarios (1)

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Alberto Miguel Stchigel Glikman

Enviado el

Buenas tardes,
Soy trabajador de una Universidad pública española y trabajo con micoorganismos. Deseo saber quién es el responsable de darme una bata de laboratorio, cómo parte de un EPI, y de labarlo periódicamente, y en que ley ampara dicha obligatoriedad.

Cordialmente,

Alberto

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